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La masacre de López de Micay no debe quedar en la impunidad

4 de diciembre de 2018

El Colectivo Justicia Racial JusticiaR, repudia los hechos ocurridos el día 29 y 30 de octubre del presente año (2018) en el municipio de López de Micay del Departamento del Cauca, donde seis personas negras fueron asesinadas, dos se encuentran desaparecidas y otras dos fueron heridas por hechos que los órganos de investigación correspondientes del Estado no han esclarecido.

Mediante este comunicado reiteramos que el etnocidio del pueblo negro-afrodescendiente en Colombia es evidente, ante el cual, el país cierra los ojos y persiste en su indiferencia, mientras las instituciones del Estado, sumidas en su profundo racismo institucional, no generan estrategia alguna para la protección efectiva de nuestra población y patrimonio; los órganos de vigilancia, control e investigación no dan respuestas y el pueblo negro es eliminado día a día, sin que se cumplan las órdenes de protección emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009 y subsiguientes autos de seguimiento. El gobierno nacional como especial responsable frente a la situación de crisis humanitaria no solo ha incumplido la obligación de proteger a las comunidades afrodescendientes, sino que en el escenario del Acuerdo de Paz las acciones inmediatas tendientes a garantizar el enfoque étnico racial en la implementación no se han hecho presentes a nivel territorial. Ante la magnitud de la situación actual hemos visto cómo los medios de comunicación silencian o minimizan esta tragedia étnico-racial. La impunidad es total.

En el año 2017, a los medios nacionales y con muy baja cobertura, llegaron las noticias de las masacres en Tumaco y en Magüí Payán en el Departamento de Nariño, Bajo San Juan en el Departamento del Chocó y dos homicidios en Guapi, Cauca, las denominadas casas de pique en Buenaventura, Tumaco y múltiples asesinatos en el departamento del Chocó; decenas de miles fueron las y los afrodescendientes desplazados. Comenzamos este terrible año sabiendo que entre las y los líderes sociales asesinados, la mayoría son afrodescendientes e indígenas. Demostrando tal sistematicidad que lo sucedió el pasado 30 de octubre NO es un hecho aislado, como tampoco lo es que las últimas masacres cometidas en Colombia, siguen siendo específicamente en contra de la gente negra y en sus territorios -priorizados en el marco del acuerdo de paz- la violencia aumenta.

Con pocas horas de energía o sin electrificación en apremiante oscuridad permanecen los municipios de la gente negra, en especial en el pacífico colombiano, y no existen o son precarios los servicios de saneamiento básico, acueducto, salud y la mayor parte de la cobertura de “educación” es de muy baja calidad. Sin dios, sin Estado y aún más, sin la más mínima (¿o desproporcionada?) presencia de la Fuerza Pública, grupos delincuenciales y de narcotráfico se disputan el control territorial sin que las fuerzas del Estado opongan mayor resistencia.

Hoy, a dos días de la última masacre en el Cauca, la única respuesta oficial es un comunicado de la Tercera División del Ejército confirmando lo evidente: que el Estado no opera en el lugar, que la fuerza pública no tiene cobertura, que el municipio tiene luz por horas, y que no existe proceso de restitución de tierras. En síntesis que las y los afrodescendientes viven aún, doscientos años después del nacimiento de Colombia,  a espaldas del Estado. Llama la atención que aun personas se preguntan si hay racismo en Colombia y otras cínicamente incluso lo niegan.

Desde el Colectivo Justicia Racial, exigimos una contundente respuesta del Estado y del Gobierno Nacional frente al sistemático asesinato y destrucción del pueblo negro- afrodescendiente, la fiscalía debe investigar  los hechos ocurridos en el municipio López de Micay, los responsables de esta masacre individual y colectivamente deben rendir cuentas ante la justicia. El Presidente como jefe de estado debe expresar condolencias públicas a las familias y comunidades afectadas, y comprometerse a cumplir el mandato del Decenio de las Naciones Unidas y su mandato de Reconocimiento, Justicia y Desarrollo para los afrodescendientes en Colombia, incluida la protección de nuestra integridad y patrimonio, todo lo cual debe quedar introducido mediante planes y programas en el Plan Nacional de Desarrollo en construcción (2018-2022) .

Solicitamos respetuosamente a las Naciones Unidas y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos repudiar la masacre de López de Micay y la persistencia de la violencia sistemática contra el pueblo negro-afrodescendiente en Colombia, y que insten enérgicamente al Estado colombiano a cumplir efectivamente con su obligación de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo negro-afrodescendiente, incluidos su derecho al Desarrollo con un Capítulo Afrodescendiente dentro del PND 2018-2022, y su derecho a la propiedad, dominio y goce efectivo de los recursos, las tierras y territorios que ancestralmente habitamos.

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