La criminalización de la minería ancestral RíoTimbiquí.

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Por: Alí Bantú Ashanti

Durante el ultimo año, nos enteramos con asombro que ríos como el Magdalena, el Cauca o el Atrato en el Departamento del Chocó, se convirtieron, como usted y como yo, en sujeto de derechos y de especial protección por parte de las Instituciones del Estado Colombianas. Pero… ¿qué significa realmente, que los ríos sean “sujetos como usted o como yo”? De acuerdo con Alí Bantú Ashanti, abogado y director del Colectivo de Abogados Justicia Racial – JusticiaR

Y es que justamente, el Colectivo de Abogados JusticiaR, conformado mayoritariamente por jóvenes abogados y humanistas afrodescendientes, acaba de presentar una nueva acción de tutela que busca declarar el Río Timbiquí com sujeto de especial protección. Si aún se pregunta dónde fluye y confluye este río, será seguramente porque se ha perdido de la sonoridad de una de las bandas colombianas que más han brillado durante el último año: Herencia de Timbiquí o que tal vez, no se ha enterado que la agrupación Canalón de Timbiquí se encuentra nominada al Grammy en la categoría de mejor álbum folclórico.

Como sospechará, estos grupos conformados por talentos timbiquireños, han salido de la periferia olvidada en los rincones de Colombia, hecho esfuerzos inimaginables para llenarnos el pecho de orgullo cuando despuntan en concursos y galas internacionales, pero Timbiquí ha resonado también en los noticieros nacionales como bastión de bandas criminales y de la minería ilegal que poco acaba con el medio ambiente. De acuerdo con expertos consultados por medios como Noticias Caracol, se requieren más de 40 años y más de 20 mil millones de pesos para recuperar los daños ambientales que hasta el momento se han causado en el río Timbiquí.

Día a día, el ecosistema que fue clasificado como el segundo corredor biogeográfico más importante de América latina -secundando al Amazonas-, está siendo afectado por las actividades de extracción y minería que se vienen desarrollando desde tiempos de la colonia, pero que se han exacerbado durante la última ventana, con la llegada de bandas criminales, multinacionales, tráfico de maquinaria pesada desde el puerto de Buenaventura y minería ilegal a gran escala.

Atrás quedaron las bateas, los pozos, las familias a la orilla del río lavando oro, hoy, las aguas contaminadas por mercurio comienzan a dejar la huella biológica, ecológica y social sobre un territorio por demás, olvidado por el Estado. Y es que al país, las únicas noticias que le llegan sobre el pacífico caucano son, o sobre los operativos de destrucción de maquinaria para la minería ilegal, o sobre el milagro insólito de que otro parroquiano pudo lograr con las uñas un premio deportivo o musical.

Y sí, en los pocos reportajes que se han presentado en medios nacionales, se deja entrever la desesperación de la gente negra contra un “Estado que sólo llega para destruir” como lo han gritado los caucanos y nariñenses que se enfrentan cada vez más a los operativos de la Policía… y desde el centralismo nos preguntamos ¿pero cómo apoyan la minería ilegal? Aunque no se puede negar la existencia de bandas criminales, disidencias, paramilitares o cuánto grupo violento ha dejado más de medio siglo de guerra interna y olvido estatal, al visitar las comunidades del pacífico caucano puede notarse que el principal medio de subsistencia, existencia y sobrevivencia es su río y lo que de él puedan obtener.

Municipios como Timbiquí no cuentan con carreteras, el río es su principal medio de transporte. Municipios como Timbiquí no cuentan con agua potable y saneamiento básico, el río es su principal fuente de vida. Municipios como Timbiquí no cuentan con medio alternativos de trabajo, la minería es su principal fuente de ingresos. Y entonces puede verse que esa gente, que prefiere esconder la maquinaria amarilla en medio de sus casuchas de madera -arriesgando a quedarse hasta sin techo-, es la misma que se envejece en el socavón buscando el polvo dorado, para darle de comer a su familia.

La diferencia puntual entre la minería legal e ilegal es la licencia que otorga el Estado, porque los mineros artesanales se extinguieron hace mucho tiempo, como muestra de las muchas otras costumbres que el mito del “progreso” ha ido acabado en lo recóndito del país. Hoy, los mineros artesanales pasaron a llamarse mineros criminales, luego de que, envueltos en la borrachera del “progreso”, se endeudaron hasta los huesos para comprar la maquinaria de amarilla y dejaran a un lado la batea.

Los territorios recónditos de Colombia sólo existen cuando los poderosos de fuera del país aprietan: lease lucha contra las drogas de Estados Unidos, y léase también multinacionales. Y es que las decenas de licencias de extracción minera que Colombia ha otorgado, han sido a las multinacionales, a las que nos les abrimos de par en par, en detrimento aún del medio ambiente y las comunidades que ancestralmente habitan los territorios con potencial minero, de esos los colombianos que protegen y viven en las riveras de los ríos.

En 2017, una reportaje de Semana Rural dejó muy clara “la tremenda desventaja” que significa ser un pequeño minero en Colombia, pues además de los miles enredos de la tramitología, “las condiciones para que ellos legalizarse y formalizarse son desventajosas con respecto al modelo de negocio, no porque el modelo sea malo, sino porque los títulos ya fueron cedidos por el Estado a grandes empresas, incluso varios de estos ¡a perpetuidad!”

Tan absurdo y dañino es el panorama, que para 2011, habían sido otorgados casi 9 mil títulos sin respetar parques nacionales naturales ni reservas indígenas y a 2019 hay más de 2.7 millones de hectáreas del territorio nacional en uso para la minería, según la Agencia Nacional de Minería; esto es 15.200 veces la superficie de Bogotá.

Si, es lo que los mineros ancestrales, artesanales, nativos, ilegales o como le quiera usted llamar, saben y temen, que cuando el Estado por fin llegue a Timbiquí -a medias- sea para otorgar licencias a multinacionales en su territorio, como lo hizo hace menos de 50 años cuando una multinacional rusa y una francesa, dejaron el territorio maltrecho, enseñaron malas prácticas de manejo ambiental y de extracción, y dieron inicio al calvario social y ambiental que hoy afrontan en Timbiquí.

Pero claro, los abogados del Colectivo Justicia Racial han sido mucho más benevolentes frente al caso, le pidieron al Tribunal Administrativo del Cauca que “ordene a las entidades del Estado – para que de manera articulada con los pequeños mineros tradicionales – se cree un plan de acción conjunto para formalizar, neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realizan y contaminan el río Timbiquí y sus afluentes.”

Alí Bantú Ashanti dice que el equipo de abogados y humanistas que presentó la tutela, confía en que una vez solucionada la problemática de legalización de los mineros nativos, los daños ambientales pueden reducirse ya que la tecnificación y legalización, conllevarán a mejores prácticas mineras tanto de los mineros, como de las instituciones veedoras.

“La problemática actual del municipio de Timbiquí, requiere de la presencia del Estado, de la protección de las comunidades y del medio ambiente y sobre todo de la no criminalización de la gente que allí vive. Durante el operativo pasado, registrado en FECHA DE septiembre, se observó cómo el Estado llegó para quemar la maquinaria amarilla en medio del río, ocasionando un mayor desastre ambiental, y se pudo ver cómo la misma comunidad se negaba a que la maquinaria fuera destruida, pues es el sustento de centenares de familias que viven, específicamente de lo que el río provee” dice Alí Bantú Ashanti.

Los restos de diesel, gasolina y explosivos y demás artefactos usados en los operativos contra la minería ilegal, así como la maquinaria destruida, todavía flotan en el río timbiquí, revueltos con mercurio y el descontento de la comunidad timbiquireña que aún no ha podido legalizarse, ni encuentra mejores formas de subsistencia.

Por ahora, la promesa que tanto le hemos hecho al medio ambiente deberá ser garantizada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que ya cuenta con antecedentes específicos de los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Antioquia.

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